Nombran jefe de la unidad especial para controlar los abusos policiales

Esa unidad especial nace a partir de una orden firmada el miércoles por el gobernador Andrew Cuomo como parte de los esfuerzos oficiales para reconciliar a los ciudadanos con la policía y evitar nuevas tensiones raciales.

La designación de Bragg fue anunciada por el fiscal general del estado, Eric Schneiderman, quien también dio cuenta de otros nombramientos dentro de esa unidad especial cuyas atribuciones incluyen la posibilidad de procesar a los presuntos responsables.

Entre los designados se encuentra Wanda Pérez-Maldonado como uno de los cuatro subjefes de la unidad especial a las órdenes de Bragg, que actualmente ocupa el puesto de vicefiscal general ejecutivo del estado.

Pérez-Maldonado, consejera de la Oficina de Integridad Pública, cumplió funciones fiscales en el condado del Bronx, donde investigó más de cien denuncias de fuerza excesiva de parte de los agentes policiales y de los guardias de prisiones.

«Confío en que ellos valorarán cada caso con justicia e imparcialidad, mientras trabajan para promover la justicia y garantizar la independencia», afirmó Scheiderman al anunciar hoy los nombramientos.

Estas designaciones surgen de una orden ejecutiva de Cuomo con la que entrega esas atribuciones a la Fiscalía General cuando surjan casos específicos, por encima de la jurisdicción de los fiscales de los 62 distritos del estado en los que ocurran los hechos.

Esa medida, según el texto de la orden, busca realizar una «investigación independiente» y poder llevar los hechos ante los tribunales o un gran jurado sin que haya conflictos o prejuicios ligados a intereses locales de cada distrito.

Fue una idea que endosó el pasado 21 de enero Cuomo a partir de una carta en ese sentido dirigida al gobernador por Schneiderman el 8 de diciembre pasado, al calor de las protestas por la muerte del afroamericano Eric Garner.

Garner murió el 17 de julio de 2014 por una llave de inmovilización que le hizo un agente policial blanco, no permitida en la Policía de Nueva York.

La decisión de un gran jurado de no procesar penalmente al agente presuntamente involucrado en la muerte de Garner agudizó las protestas en el estado y puso en duda el principio de que la Justicia debe ser igual para todos.

La petición de Schneiderman a Cuomo fue respaldada por otros grupos que han venido denunciando la brutalidad policial en Nueva York, pero sólo hasta el miércoles el gobernador firmó la orden ejecutiva con la nueva función de la Fiscalía General.

Ya en su carta del 8 de diciembre, Schneiderman citaba la «crisis de confianza» en la justicia penal por la relación estrecha entre los fiscales de distrito y los agentes policiales cuando surgen denuncias sobre muerte de civiles desarmados.

A raíz de esa petición y el endoso que hizo en enero Cuomo, la Legislatura del estado del estado estuvo revisando el tema, pero cerró sus sesiones el mes pasado sin decisiones al respecto, por lo que el gobernador optó por una orden ejecutiva.

Las protestas que surgieron en Nueva York a raíz de la muerte de Garnet se unieron a otras en el resto del país tras la muerte, en agosto pasado, del también afroamericano Michael Brown, en Ferguson (Misuri), también desarmado, por varios disparos de la policía.

Una encuesta difundida en diciembre pasado indicó que a raíz de estos dos casos las relaciones raciales en Estados Unidos habían llegado a los niveles más bajos de percepción desde 1995.