Tucson (AZ), 14 sep (EFEUSA).- La limitada ayuda financiera a la que tienen acceso y las dificultades para recibir préstamos estudiantiles por parte del Gobierno federal supone un freno a la educación superior de los jóvenes amparados bajo la Acción Diferida (DACA).
En Arizona los soñadores lucharon por años para que las universidades y colegios comunitarios les permitieran pagar tarifas como residentes.
El pasado mes de mayo un juez en la Corte Superior del condado Maricopa les dio la razón al fallar a favor de Colegios Comunitarios que otorgan inscripciones como residentes a estos jóvenes.
«Ganamos esta batalla legal, pero ahora la pregunta es ¿cómo pagamos la universidad?», se preguntó Dulce Matuz, activista soñadora y cofundadora de la Coalición del Acta Sueño.
Se estima que en Arizona unos 24.000 jóvenes indocumentados han sido aprobados para el programa de Acción Diferida, de acuerdo a cifras del Gobierno federal.
No obstante, de acuerdo a estimaciones de la Junta de Regentes, solo 100 estudiantes amparados con DACA se encuentran actualmente inscritos en las universidades públicas del estado.
Para muchos jóvenes el principal obstáculo sigue siendo la falta de recursos económicos para poder obtener los casi 5.000 dólares por semestre que deben de pagar a las universidades como residentes.
Los soñadores provenientes de familias de bajos recursos muchas veces deben de escoger entre trabajar para contribuir económicamente y ayudar en los gastos familiares o pagar una colegiatura universitaria.
Aunque existen becas y ayudas financieras provenientes de organizaciones y del sector privado, estas no son suficientes.
«Lo ideal y lo justo sería que los soñadores pudieran aplicar al FAFSA», aseguró Matuz refiriéndose al programa federal de ayuda financiera disponible para los estudiantes que terminan la escuela secundaria y desean continuar sus estudios universitarios.
Dependiendo de sus ingresos personales o familiares los estudiantes reciben becas o préstamos estudiantiles, pero deben de ser ciudadanos de este país o residentes legales para poder calificar.
Hasta el momento los jóvenes con DACA, a pesar de que el Gobierno federal les otorgó un permiso de trabajo y un número de Seguro Social, no son elegibles para estas becas.
«Esto es un gran problema porque los soñadores tampoco pueden tener acceso a los prestamos educativos, algo que complica mucho las cosas, especialmente si no eres un súper estudiante con maravillosas calificaciones», dijo la activista.
En su opinión los jóvenes con DACA deberían de ser elegibles para estos programas federales de ayuda financiera estudiantil debido a que están pagando impuestos, muchos de ellos están comprando casas, autos y contribuyendo a la economía de sus comunidades.
Aseguró que el principal obstáculo actualmente para que los soñadores puedan seguir con sus estudios universitarios, no solo en Arizona sino en todo el país, es el no poder obtener becas o ayuda financiera.
«Ahorita los soñadores deben de buscar recursos en las becas existentes para ellos o pagar de sus propios bolsillos», agregó.
Claudia González, estudiante del Colegio Comunitario Pima en la ciudad de Tucson dijo a Efe que una de las razones que la llevaron a decidir ingresar primero a esta escuela y no a una universidad fue precisamente el costo de la matrícula.
«En un colegio comunitario pagas un tercio de lo que te cuesta un semestre en la universidad», dijo González.
La joven, de 19 años de edad, aun no ha decidido qué estudiará y por ello actualmente se encuentra tomando cursos de educación general.
«Es un gran paso que las universidades y los colegios nos permitan pagar tarifas como residentes, el problema ahora es como pagar», insistió.
Este mismo dilema enfrenta Ramiro López, de 20 años de edad, quien por el momento ha dejado de estudiar para poder trabajar y seguir con sus estudios.
«Estoy analizando todas mis opciones, he hecho aplicaciones para varias becas, pero yo quiero seguir estudiando», dijo López a Efe, quien desea estudiar administración de empresas.
Otra opción para estos jóvenes en Arizona es irse a otros estados que son más «amigables» con los soñadores como California donde es más fácil obtener becas estudiantiles.
Por otra parte, el estado de Arizona se encuentra apelando la decisión de la corte a favor de los estudiantes soñadores, ya que asegura que está en violación de la ley estatal 300 aprobada en el 2006 que prohíbe colegiaturas como residentes a estudiantes que se encuentran de manera ilegal en Estados Unidos.
Arizona considera que el DACA no otorga una «residencia legal» a los jóvenes indocumentados.
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