San Juan, 19 may (EFEUSA).- Las autoridades de Puerto Rico recibieron con reservas el nuevo proyecto de ley para hacer frente a la crisis provocada por la falta de liquidez para pagar la gigantesca deuda, presentado hoy por los republicanos de la Cámara de Representantes con el apoyo de demócratas y la Casa Blanca.
«Si bien las disposiciones de la junta de supervisión propuesta no son coherentes con los principios democráticos básicos de nuestro país, este proyecto de ley se acerca a brindarnos una autoridad de reestructuración ‘abarcadora'», dijo el gobernador Alejandro García Padilla sobre el borrador presentado en Washington.
El Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes presentó un nuevo texto, que sigue a otro de abril rechazado unánimemente en la isla por entenderse que menospreciaba la soberanía nacional para afrontar una deuda que ronda los 70.000 millones de dólares y que el Gobierno local ha dicho que no puede pagar.
El borrador llega a poco más de un mes para los vencimientos del 1 de julio, cercanos a los 2.000 millones de dólares, incluidos 700 millones correspondientes con Obligaciones Generales, un tipo de bono cuyo pago está garantizado por la Constitución de Puerto Rico, que establece su pago prioritario.
«La recuperación económica será un proceso largo y debe comenzar con la reestructuración comprensiva de la deuda que nos asfixia. Insto al Congreso a que apruebe las herramientas de reestructuración que tanto necesitamos no sin antes modificar las disposiciones que atacan nuestra ‘autogobernanza'», indicó García Padilla.
El rechazó a la parte del proyecto que García Padilla entiende que supone inmiscuirse en la soberanía del Ejecutivo local fue suscrito por el presidente y candidato del gobernante Partido Popular Democrático (PPD) a la gobernación, David Bernier, que catalogó el texto como «una falta de consideración y respeto al país».
«Las disposiciones sobre la junta de control fiscal federal que lesionan seriamente las facultades democráticas del Gobierno de Puerto Rico siguen presentes en esta versión. Es un mal proyecto, ya que no atiende el asunto medular de la reestructuración de la deuda sin lacerar las instituciones democráticas de Puerto Rico», sostuvo Bernier.
Indicó que la junta, en el nuevo texto, seguiría teniendo la última palabra sobre planes fiscales, presupuestos, leyes, contrataciones del Gobierno, con lo que, resume, un órgano no elegido democráticamente por el pueblo puertorriqueño se situaría por encima del gobernador y las cámara legislativas en aspectos fundamentales.
Uno de los que pudiera verse afectado directamente por el texto, el presidente de la Cámara de Representantes local, Jaime Perelló, no fue tan crítico con el proyecto y destacó que la versión incluye un equipo encargado del desarrollo económico de la isla que él propuso junto al autor de la medida, el legislador republicano Sean Duffy.
Por parte de la oposición, el presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) y precandidato de esa formación a gobernador, Pedro Pierluisi, condicionó su apoyo a la autorización de «un proceso de reestructuración de deuda justo y ordenado», porque, dijo, «la alternativa es un proceso caótico de impagos seguido de litigios».
«La nueva versión del proyecto de ley no es perfecta. Como todo producto de una negociación bipartidista aún contiene disposiciones a las que me opongo o que considero innecesarias», aseguró.
También se pronunció sobre el asunto Jorge Irizarry, director de Bonistas del Patio, organización que agrupa a más de 50.000 puertorriqueños titulares de cerca de 14.000 millones de dólares en deuda, que se limitó a decir que favorece la aprobación de una junta de control que facilite un proceso ordenado para atender la deuda.
Duffy, el legislador Cámara de Representantes que ha llevado la iniciativa del proyecto, dijo sobre el tema que el Congreso debe aprobar el texto porque no puede haber crecimiento económico en Puerto Rico hasta que se reestructure la deuda.
El nuevo proyecto HR 5278 sustituye al HR 4900 o Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, presentado el pasado 12 de abril.
El nuevo texto establece como puntos más destacados la creación de una junta de control fiscal para supervisar al Gobierno de Puerto Rico, la reducción del salario mínimo para los menores de 21 años y la posibilidad de imponer sanciones si no se siguen sus directrices.
Además, mantiene las prioridades actuales en el pago de la deuda y que el presidente de Estados Unidos nombré a los siete miembros de la junta.
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