Washington, 18 sep (EFEUSA).- La Comisión de Derechos Civiles urgió hoy al Gobierno de Barack Obama a poner fin "inmediatamente" a la detención de menores y familias indocumentadas, que viola -en su opinión- los derechos constitucionales.
En un informe, este organismo federal bipartidista e independiente instó al Gobierno y al Congreso a acabar con la detención de menores y mujeres con niños, así como a mejorar las garantías de que los detenidos al cruzar la frontera son tratados con respeto a los más básicos estándares.
El documento pide al Ejecutivo respetar las sentencias judiciales en contra de la detención y las condiciones de los indocumentados menores, acompañados por adultos o no, que siguen detenidos en centros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La Comisión hace un llamamiento al DHS (responsable de los centros de detención de inmigrantes que gestiona el ICE, la Oficina de Inmigración y Aduanas) con el fin de que actúe «inmediatamente para liberar a familias detenidas».
«El ICE ha combinado un comportamiento duro en la aplicación de la ley con un comportamiento laxo en la aplicación de las responsabilidades diarias de la detención en instalaciones subcontratadas», critica el informe.
La mayoría de las familias indocumentadas están hospedadas en centros gestionados por empresas privadas, como en el caso del «Centro Residencial» del Condado de Karnes (Texas) o el centro para familias de Dilley (Texas), con 2.400 camas.
El Grupo GEO y el Corrections Corporation of America (CCA) gestionan sendas instalaciones con más de mil millones de dólares en ingresos anuales.
Las recomendaciones, transmitidas a través de una carta al presidente, Barack Obama, van más lejos y abogan por dejar de financiar la detención de familias inmigrantes que han cruzado la frontera, y buscar vías alternativas a la privación de libertad.
El informe denuncia que los menores y sus familias viven hacinados en prisiones con apenas espacio, sin privacidad y contraviniendo los reglamentos y estándares de detención del propio DHS.
Además, la Comisión critica la postura de algunos abogados del Estado que han reconocido que esta política de detención contra familias y menores tiene la intención de servir de disuasión contra la llegada de más inmigrantes.
El verano pasado, Estados Unidos se vio desbordado por la llegada masiva de menores y familias, sobretodo provenientes de Centroamérica, algo que superó la capacidad de los centros de detención.
Muchos menores con familias en Estados Unidos fueron liberados, pero otros, incluidas mujeres con niños, han permanecido en prisión hasta que se decidan sus procesos de deportación, que se pueden alargar durante meses.
La Comisión de Derechos Civiles, presidida por el demócrata Martín Castro, también pidió que mejore el acceso de los detenidos al debido proceso judicial, se les provea de la asesoría legal necesaria y se proteja a aquellos que piden asilo porque su vida corre peligro.
La Comisión, que consta de cuatro miembros elegidos por el Gobierno estadounidense y cuatro seleccionados por el Congreso, investigó «in situ» centros de detención y se entrevistó con inmigrantes y funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional.
«Ahora, más que nunca, necesitamos tratar de manera justa y humana a esas personas, especialmente a mujeres y niños, que busca protección de la violencia e inestabilidad de sus países», aseguró Castro en un comunicado.
En el verano de 2014, la Patrulla Fronteriza de EEUU llegó a detener una media de más de 300 menores sin acompañante a diario por cruzar la frontera, un flujo que, si bien se ha aminorado, no ha cesado.
Desde octubre de 2014, más de 29.400 familias y 30.800 menores sin acompañante han sido detenidos al cruzar la frontera suroeste del Río Grande.
Los menores que llegaban solos eran puestos a disposición del Departamento de Sanidad, con condiciones pensadas en exclusiva para niños, mientras que las familias eran internadas en centros de detención para adultos.
Según dijo recientemente el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, el 70% de las familias pasan menos de dos meses en centros de detención.
«Entendemos la naturaleza sensible y única de las familias detenidas y estamos comprometidos a seguir evaluándolas», explicó Johnson en su discurso, en el que reiteró que las familias van a pasar a centros «alternativos».
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