Grupos de inmigrantes realizaron una jornada nacional en la que pidieron el apoyo de legisladores y gobiernos locales para desbloquear la acción ejecutiva del presidente Barack Obama, que hubiera beneficiado a partir de la fecha a miles de padres indocumentados.
Unos 250.000 residentes de la Florida podrían haberse beneficiado de los programas bloqueados
Durante esta jornada nacional hubo manifestaciones, entrega de peticiones, vigilias frente a edificios gubernamentales y conferencias de prensa en 33 ciudades de 20 estados, con el reclamo de que se retire el apoyo a la demanda colectiva presentada por 26 estados que acusan al presidente de abuso de su poder ejecutivo.
La Fiscal Federal de la Florida, Pam Bondi, apoyó una demanda «mal intencionada», según declararon grupos proinmigrantes que exigieron la restauración de la acción ejecutiva del presidente ante las autoridades de los condados Miami-Dade y Broward.
Según afirmaron, unos 250.000 residentes de la Florida podrían haberse beneficiado de los programas bloqueados.
La acción ante tribunales de Texas y Louisiana suspendió el programa Acción Diferida para Padres de Ciudadanos o Residentes Permanentes (DAPA) que debía entrar en vigor este martes.
También está suspendida la expansión de la Acción Diferida (DACA) para los «soñadores», mientras se determina su legalidad.
En Birmingham, Alabama, miles de integrantes de la Coalición por la Justicia Inmigrante realizaron un «día de acción digital», con llamadas telefónicas y mensajes al gobernador Robert Bentley, y al procurador de justicia estatal, Luther Strange, para que retiren su apoyo a la demanda colectiva.
«El gobernador malgastó millones de dólares para defender su ley antiinmigrante en 2011 y demuestra que no aprendió la lección porque continúa atacando a la comunidad inmigrante de todas formas posibles», declaró la directora ejecutiva de la coalición, Ingrid Chapman.
Se estima que en Alabama las acciones ejecutivas de Obama podrían beneficiar a unos 25.000 inmigrantes.
En Raleigh, Carolina del Norte, los manifestantes se concentraron frente a la mansión del gobernador Patrick McCrory para exigirle que no apoye la demanda, y que los funcionarios electos dejen de lado «los juegos políticos que afectan las vidas de las familias inmigrantes».
Las protestas también reafirmaron la voluntad de continuar la preparación de los indocumentados para la eventual puesta en marcha de los programas de alivio temporal.
En California se lanzó la campaña «Ready California», en un estado que se calcula tiene la mayor cantidad de beneficiarios con 1,35 millones de indocumentados elegibles.
Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición Para los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles (CHIRLA), afirmó que se continuará «preparando a la comunidad todo lo que sea necesario» para acogerse a la acción ejecutiva presidencial.
Al mismo tiempo, «llamaremos a responsabilidad a todos cuyo desdén evita que podamos avanzar», agregó.
En Illinois, grupos proinmigrantes, legisladores electos y representantes empresariales reafirmaron que el estado está listo para ayudar a registrar a unos 280.000 indocumentados elegibles para el alivio.
Tanto DACA como DAPA ofrecen a los indocumentados un permiso renovable de trabajo durante tres años, acceso a una tarjeta de Seguro Social y licencias de conducir en los estados que lo permiten.
Fuente: EFE
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