Inmigrantes deportados se preparan para llevar su caso ante un juez federal

Las primeras seis personas en beneficiarse por la demanda colectiva López Venegas v Johnson, ingresaron el martes a San Diego, California, donde deberán empezar su proceso legal en búsqueda de que se les conceda quedarse en el país con sus seres queridos.

Una de ellas es Lucila Serrano, de 34 años, quien fue detenida en 2009 mientras se encontraba en un paseo en bote junto a su esposo y amigos.

Oficiales federales cuestionaron entonces al grupo y fue en ese momento cuando se percataron de que ella no tenía documentos para estar en el país.

Posteriormente fue llevada con autoridades de inmigración, quienes la forzaron a firmar su salida voluntaria del país, sin concederle la oportunidad de consultar su caso con un abogado.

«Me dijeron que fuera a firmar, no me dijeron qué me iban a explicar, fue tan rápido que yo pensé que tenía que hacerlo, no te dan ninguna opción», narró la mujer, originaria de México.

Serrano recuerda que le dijeron que de no hacerlo podría pasar un tiempo en la cárcel, y ante el miedo de no poder estar cerca de su familia, accedió a firmar los documentos y horas más tarde fue expulsada a Tijuana.

«Yo tenía un caso, yo podía haber peleado», lamentó Serrano, quien llegó a los Estados Unidos cuando era muy joven y cuya hija y esposo son ciudadanos norteamericanos.

La situación obligó a que su familia se fuera a vivir con ella a Tijuana.

Su esposo, Willy Sánchez, se levantaba muy temprano para ir a San Diego a trabajar, mientras que su hija Lila de ahora siete años, entró a la escuela en el sur de la frontera.

Cuando pensó que todo lo que había construido en Estados Unidos se había perdido, un día sus familiares escucharon en las noticias que la Unión Americana de Libertades Civiles buscaba a inmigrantes que habían sido deportados tras haber firmado su salida voluntaria, junto a otros requisitos que ella cumplía.

Tras ponerse en contacto, el organismo determinó que su caso era elegible para formar parte de la demanda colectiva y unos meses más tarde se le dio una fecha para presentarse en la garita de San Ysidro.

«Cuando menos pensé me dijeron que Inmigración me había aprobado para regresar», señala Serrano, quien se mostró agradecida con los abogados de ACLU ya que en todo momento contestaron sus dudas, además de que pelearon por su retorno al país.

La madre de familia es consciente de que, como parte de este acuerdo, se encuentra ahora en Estados Unidos únicamente con un permiso para tener una audiencia en una corte de inmigración para que su caso sea escuchado, algo que le fue negado al momento de firmar su salida.

«No tengo una residencia, no tengo un pasaporte, una visa, nada, solo tengo un permiso para que pueda ver a un juez y pelear mi caso», subrayó Serrano, quien dijo que aún no tiene fecha para su audiencia.

Por lo pronto, permanecerá en casa de su hermana, mientras ella y su esposo encuentran un lugar en donde retomar su vida en Estados Unidos.

La demanda interpuesta en 2013 por ACLU a nombre de nueve inmigrantes mexicanos señala que agencias de inmigración utilizaron tácticas de hostigamiento y desinformación para forzar a inmigrantes a firmar la salida voluntaria, sin haberles explicado consecuencias u otorgarles el derecho de hacer una llamada telefónica.

Como parte de este acuerdo, agencias como la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) accedieron a hacer cambios en su forma de procesar a inmigrantes, al informarles sobre las consecuencias de firmar este tipo de documentos, además de permitirles consultar con un abogado.

A partir de esta victoria, ACLU se dio a la tarea de buscar a más personas que podrían ser elegibles para regresar de cumplir con una serie de requerimientos establecidos en la demanda.

Para calificar, la persona tuvo que haber firmado su salida voluntaria en el sur de California durante el periodo entre el 1 de junio de 2009 y el 28 de agosto de 2014, y haber tenido una razón para pelear su caso ante un juez al momento de su deportación.

Anna Castro, portavoz de ACLU en San Diego exhortó a quienes reúnen con dichos requisitos a visitar el sitio SalidaVoluntariaAcuerdo.com y ponerse en contacto con la organización antes del 23 de diciembre, para determinar si son elegibles para formar parte de la demanda colectiva.