Madres exigen en el Congreso el fin de centros detención para indocumentados

«Yo solo pido que estas detenciones se cierren, que no sigan marcando las vidas de los niños. Ya es suficiente. Todos tenemos derecho a la libertad», clamó Sonia Hernández, de origen salvadoreño, que permaneció meses interna junto a sus tres hijos en el centro para inmigrantes de Karnes City, en Texas.

Hernández ilustró las duras condiciones de los centros de detención, acompañada de influyentes congresistas demócratas, que también exigieron el cierre de estas instalaciones y entre los que se encontraban Lucille Roybal-Allard, Zoe Lofgren y Judy Chu, todas ellas legisladoras de California, así como Rubén Gallego y Raúl M. Grijalva, ambos representantes de Arizona.

«Entré al país con la ilusión de obtener refugio para mí y para mis tres hijos, que entonces tenían 2, 9 y 10 años», relató Sonia Hernández, que llegó a EEUU el 1 de agosto de 2014, cuando miles de personas, la mayoría de Centroamérica, protagonizaban una oleada migratoria al país para huir de la violencia y la pobreza.

Entonces, el presidente Barack Obama, que había cerrado los centros en 2009 tras su llegada al poder, decidió volver a abrirlos para disuadir de nuevas llegadas.

En protesta, Hernández y otras madres del centro de Karnes City, realizaron dos huelgas de hambre y consiguieron abrir el debate, de forma que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tomó medidas adicionales para garantizar el acceso a las instalaciones de abogados, trabajadores sociales, educadores y médicos.

«Un oficial me dijo que su perro comía mejor que nosotros. Cuando yo decía que quería salir, me decían que ni muerta iba a salir y que, dentro del centro, había espacio para enterrarnos a todos», relató Hernández en una sala abarrotada de miembros del Congreso y defensores de los derechos de los inmigrantes.

Los asistentes también escucharon el conmovedor testimonio de Gladys Dubon-Chifas, interna durante meses en el centro de detención de Berks (Pensilvania) y que, como Hernández, tuvo que ver cómo sus pequeños enfermaban supuestamente sin recibir una adecuada asistencia médica.

«Mi niña estuvo vomitando sangre durante días (…) Iba al médico y me decían que era normal, que la acostara y que le diera agua. Nunca me dieron ni una pastilla ni nada. Estaba jugando y, de repente, se ponía a vomitar sangre y yo no podía hacer nada», relató.

A los duros testimonios de las dos madres, se sumó el de Olivia López, una antigua trabajadora social del centro de Karnes que en abril de 2015 dimitió al verse supuestamente obligada a no incluir cierta información en documentos oficiales, a mentir a funcionarios federales de inmigración y a omitir las quejas de algunos internos.

«Las prácticas que presencié son abusivos y crean una situación en la que las familias no pueden sentirse seguras, incrementan los niveles de ansiedad y depresión y pueden conducir a intentos de suicidio», denunció López.

Durante su trabajo en las instalaciones para familias indocumentadas, López aseguró haber visto como algunos guardias aislaban a las madres en zonas destinadas a evitar suicidios, mientras los niños eran internados en salas de observación médica, donde tenían que dormir solos.

«No solo esas condiciones son aterradoras. Son abusivas», zanjó López.

Frente a las acusaciones, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), defendió que los centros para inmigrantes que se encarga de gestionar son una «alternativa eficaz y humana para mantener la unidad familiar» mientras los casos de los indocumentados son examinados por las autoridades migratorias.

«El ICE se toma muy en serio la salud, la seguridad y el bienestar de los que están en nuestro cuidado», aseguró en un comunicado enviado a Efe un portavoz del ICE.