Tucson (AZ), 16 jun (EFEUSA).- Activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes cuestionan la investigación interna de la Patrulla Fronteriza que exoneró a la mayoría de los agentes involucrados en tiroteos en la frontera con México que terminaron con la vida de 19 personas.
Ninguno de los agentes involucrados en 64 de 67 casos ocurridos entre 2010 y 2012 y reportados por una auditoría del Foro de Investigación Ejecutiva de la Policía (PERF) enfrentarán cargos criminales o sanciones por haber activado sus armas de fuego.
En opinión de la directora de la coalición de los Derechos Humanos de Arizona, Isabel García, el resultado de estas investigaciones supone la «legalización» del «asesinato» de los indocumentados por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza.
«Esto muestra la impunidad que existe y en la que viven diariamente los residentes de las comunidades fronterizas», dijo García a Efe.
La mayoría de los fallecidos en estos casos eran inmigrantes indocumentados, pero también se encuentran estadounidenses, como fue el caso del joven Carlos Lamadrid, quien murió tras recibir varios tiros por la espalda mientras trataba de escalar el muro fronterizo para escapar a México cuando huía de las autoridades en marzo de 2011 en Douglas (Arizona).
La división de asuntos internos de la Patrulla Fronteriza exoneró a los agentes fronterizos y solo en dos casos se tomaron medidas disciplinarias que se limitaron a reprimendas orales, de acuerdo información dada a conocer este lunes por el diario LA Times.
En varios de los casos la historia es la misma, los agentes fronterizos aseguran haberse defendido de personas que les arrojaban piedras y que temieron por sus vidas cuando activaron sus armas.
García consideró que estas muertes y el resultado de esta investigación interna es consecuencia directa de las políticas migratorias de EE.UU. y resaltó que hasta la fecha ningún agente de la Patrulla Fronteriza ha sido castigado por actos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
«Vemos que, a pesar de las promesas, no hay una verdadera reforma en cuanto a la brutalidad de una agencia que se encuentra totalmente fuera de control», aseguró la defensora de los derechos humanos.
Según LA Times, de los 67 casos reportados, solamente 3 siguen bajo investigación, todos relacionados con la muerte de inmigrantes mexicanos, dos en Texas y uno en Arizona, en el que falleció el mexicano José Antonio Elena Rodríguez, de 16 años.
En octubre de 2012, un agente de la Patrulla Fronteriza disparó al menos 15 veces en la ciudad fronteriza de Nogales (Arizona) al joven mexicano, que estaba al otro lado de la vaya que separa ambos países.
La familia del joven mexicano presentó una demanda en contra de la Patrulla Fronteriza por esta muerte, que, aseguran, solo caminaba por el lugar.
El caso se encuentra en manos de un juez federal en Tucson, quien se espera tome una próxima decisión sobre si la familia tiene o no derecho de demandar en EE.UU. ya que el joven murió del lado mexicano.
Por su parte, la Coalición de Comunidades Fronterizas en el Suroeste (SBCC) condenó la falta disposición y liderazgo por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para tomar acciones en contra de los agentes fronterizos.
«Es indignante la decisión del comisionado del CBP ,Gil Kerlikowske. No disciplinar agentes que han usado fuerza excesiva de forma injustificable resalta la cultura vergonzosa de impunidad y violencia que plaga la agencia del orden más grande de la nación», dijo Christian Ramírez, director de SBCC en un comunicado de prensa.
El responsable de SBCC, que agrupa diversas organizaciones con representación en California, Arizona, Nuevo México y Texas, aseguró que esta decisión de Kerliowske tiene un gran impacto para las comunidades fronterizas del suroeste.
«Las promesas huecas de transparencia de la agencia parecen apoyar las potenciales acciones letales de sus agentes», enfatizó Ramírez.
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