Washington, 9 jun (EFEUSA).- Bolivia urgió hoy a la Organización de Estados Americanos (OEA) a que apruebe la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que el organismo continental negocia sin éxito desde hace casi dos décadas.
El embajador boliviano ante la OEA, Diego Pary, denunció hoy ante el Consejo Permanente de la organización la «falta de compromiso» político que, a su juicio, está retrasando la aprobación de un texto del que sólo faltan «dos párrafos» por consensuar.
«Para muchos de los sentados hoy aquí quizás no sean una prioridad los pueblos indígenas pero hay que mirar a la historia. No es posible que los dueños originales de estas tierras no sean reconocidos con sus derechos», señaló Pary, que lidera el grupo de trabajo de la Declaración en ciernes.
El embajador boliviano propuso fijar un plazo límite para aprobar el texto, así como que cada Estado miembro de la OEA financie el traslado a Washington de un representante indígena de su país para la próxima ronda de negociación.
La redacción de esta Declaración comenzó hace 18 años y el pasado mayo sufrió su último revés, por lo que una vez más la propuesta no podrá someterse a aprobación en la Asamblea General de la OEA, que celebra su 45ª reunión en Washington los días 15 y 16 de junio.
Este año se retomó la negociación, parada desde 2012, con cuatro reuniones, una cada mes desde febrero, pero el proceso sigue estancado por la falta de acuerdo en temas como el derecho a la autodeterminación, el medio ambiente y los recursos naturales.
«Hay un movimiento a nivel internacional para avanzar en los derechos de los pueblos indígenas, ¿y qué estamos haciendo a nivel interamericano? Demostremos que la OEA tiene un verdadero objetivo de transformación», pidió el representante boliviano.
Las Naciones Unidas aprobaron en 2007 su Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, un texto que Bolivia «incorporó e hizo ley» a nivel nacional, según explicó Pary.
En América Latina hay más de 800 pueblos indígenas, unos 45 millones de personas, con gran diversidad demográfica, social y política.
En el Consejo Permanente, sólo Nicaragua apoyó sin condiciones las dos propuestas del embajador boliviano, mientras que México las respaldó con la sugerencia añadida de que la declaración se apruebe en el segundo semestre de este año.
Brasil fue el único que rechazó frontalmente las dos iniciativas, al considerar que marcar un plazo no garantiza la aprobación final y que no es necesario que cada país financie la asistencia de un representante indígena a la siguiente negociación.
Ecuador, Guatemala, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Chile, y Paraguay también tomaron la palabra para alabar el trabajo de Bolivia en el impulso de la Declaración y defender su compromiso con los derechos de los pueblos indígenas.
«Históricamente no ha habido voluntad política de los Estados y es un proceso muy costoso el traer a los representantes indígenas, salvo tres reuniones (en Bolivia, Brasil y Guatemala) las más de diez restantes han sido en Washington», explicó a Efe Armstrong Wiggins, director de la oficina del Centro de Recursos Jurídicos para los Pueblos Indígenas en Washington.
«En 2012 se frenó el proceso negociador porque no había fondos para traer a los líderes indígenas, con la crisis económica en Europa, ya que muchos de los viajes los pagaban países observadores en la OEA como España y Francia», explicó Wiggins.
«Había esperanza de que se aprobara -añadió-, pero continúa la oposición de ciertos países como Colombia, Chile, Brasil y Belice».
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