México 14 may (EFE).- El Gobierno mexicano anunció hoy que entregará más de 50 millones de pesos (3,3 millones de dólares) de compensación económica a las familias afectadas por el caso Tlatlaya, en el que 22 civiles murieron a manos de militares en junio de 2014.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) indicó en un comunicado que ya inició las acciones de reparación integral, sustentada en la recomendación del ombudsman nacional, que determinó la existencia de violaciones a los derechos humanos el 30 de junio de 2014.
«Se prevé que el monto total, que comprende a todas las familias afectadas, será de más de 50 millones de pesos (3,3 millones de dólares)», señaló.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó en octubre pasado que en este caso se cometieron delitos como «privación arbitraria de la vida, uso arbitrario de la fuerza, tortura y tratos inhumanos, así como actos violatorios de los derechos a la verdad y al acceso a la justicia».
Por ello, recomendó la reparación del daño a los familiares de las víctimas, atención médica y psicológica a los sobrevivientes y estricto cumplimiento al manual del uso de la fuerza.
En un principio, la Secretaría de la Defensa informó que los 22 civiles, presuntos miembros de una banda de secuestradores, habían fallecido en un enfrentamiento con militares.
Sin embargo, dicha versión fue cuestionada por una testigo que reveló que sólo uno de los civiles había muerto en el choque armado y los demás habían sido asesinados por los soldados después de ser sometidos a un interrogatorio.
Una investigación de la fiscalía mexicana reveló después que en el tiroteo murieron 14 personas y las ocho restantes fueron asesinadas por tres de los soldados que participaron en la operación después de haberse rendido, aunque la CNDH estimó en 15 las ejecuciones extrajudiciales.
Siete militares son procesados por estos hechos. Todos por ejercicio indebido de servicio público, tres de ellos también por abuso de autoridad, homicidio calificado, alteración ilícita del lugar donde ocurrieron los hechos y un oficial por encubrimiento.
La compensación que otorgará al Estado mexicano será «por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables, que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos», explicó hoy la CEAV.
El organismo público destacó que la reparación integral es «una obligación del Estado» y «debe expresar el reconocimiento a las víctimas, cuyos derechos han sido violados».
Para determinar la reparación, el Comité Interdisciplinario Evaluador de la CEAV analiza caso por caso, de conformidad con el marco jurídico nacional e internacional en materia de derechos humanos.
También debe tomar en cuenta los criterios y los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), precisó.
La CEAV indicó que «los nombres de las personas, las medidas adoptadas y los montos de la reparación serán resguardados» para proteger la privacidad y la seguridad de las familias, tal como establece la ley en la materia.
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