Tucson (AZ), 14 dic (EFEUSA).- Activistas en el sur de Arizona aseguran que aún existe una gran desconfianza y miedo entre la comunidad inmigrante por la implementación de la ley SB1070 por parte de departamentos policiacos a pesar de que cifras indican que muy pocas personas han sido deportadas como consecuencia de su aplicación.
«Sabemos que la policía te detiene utilizando cualquier pretexto, la falta de una licencia de conducir se convierte en la excusa para que te revisen el auto y llamen a la migra», dijo hoy a Efe Isabel García, directora de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona.
De acuerdo a un análisis publicado el fin de semana por el diario Arizona Daily Star, muy pocas personas han sido deportadas a consecuencia de la implementación de la SB1070, la cual se convirtió en ley en el 2010.
En los últimos 16 meses hasta el pasado 2 de octubre, el Departamento de Policía de la ciudad de Tucson (TPD) verificó el estatus migratorio de unas 26.000 personas, y de éstas solo 83 fueron llevadas bajo custodia de la Patrulla Fronteriza.
«Yo estoy más preocupada por las miles de verificaciones de estatus migratorio que hicieron, eso habla de todas las personas que están siendo detenidas en las calles», dijo García.
La sección 2(b) de la SB1070 autorizó a todos los departamentos policiacos en Arizona para cuestionar el estatus migratorio de las personas que sospechan son «indocumentadas».
El análisis indica que de las 26.000 personas solo el 51 por ciento de las detenciones fueron basadas en la «sospecha» del oficial.
«El 99 por ciento de las veces nuestros esfuerzos no están concentrados en encontrar a la gente en la que está interesada la Patrulla Fronteriza», dijo Roberto Villaseñor, jefe del Departamento de Policía en Tucson a la publicación.
En opinión de García, el número de personas que están siendo tomadas bajo custodia por la Patrulla Fronteriza también han disminuido debido a las nuevas políticas anunciadas por la Administración del presidente Barack Obama, donde solo son prioridad para deportación los inmigrantes con récord criminal o que representen un peligro para el país.



















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