Activistas denuncian impacto de propuestas legislativas contra indocumentados

«Cuando se hizo el boicot en contra de Arizona por la aprobación de la ley estatal SB1070 en el 2010, este tuvo un costo de cerca de 200 millones de dólares a la economía estatal, por eso estamos dispuestos a hacer un llamado nuevamente», dijo hoy a Efe Francisca Porchas, representante del grupo Puente en Arizona.

La activista aseguró que esta es una nueva ola de medidas antiinmigrantes y afirmó que ellos no están dispuestos a que estas sigan adelante, tal y como ocurrió con la SB1070, la cual otorgó a los departamentos policiales el poder de cuestionar el estatus migratorio de las personas detenidas, incluso por una infracción de tráfico.

Debido a estas propuestas, el grupo Puente prepara para la próxima semana un evento donde anunciará oficialmente su campaña en contra de estas iniciativas que incluso pueden incluir un boicot económico en contra del estado.

Las propuestas SB1378 y HB2223 prohíben el establecimiento de «ciudades santuario» en Arizona y amenazan a los municipios con sanciones económicas en caso de adoptar medidas que «protejan» a los inmigrantes indocumentados en santuario.

Mientras que las SB1017 y HB2223 prohíben a cualquier ciudad en el estado emitir identificaciones para inmigrantes indocumentados.

El pasado mes de diciembre, la ciudad de Phoenix se convirtió en la primera municipalidad en aprobar una propuesta que otorga una forma de identificación secundaria para sus residentes sin importar su estatus migratorio.

Por su parte las SB1377 y HB2451 establecen automáticamente la pena máxima a cualquier inmigrante indocumentado que cometa un delito, evitando también que puedan salir libres bajo palabra, pagar fianza o cualquier otro programa alternativo. Al término de sus sentencia los indocumentados serían entregados a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

Otra propuesta que también avanza en la Legislatura estatal es una que castigaría a voluntarios de organizaciones comunitarias por recolectar boletas electorales en los hogares y llevarlas a las urnas.

«Estamos enfrentando estos ataques debido al crecimiento de nuestra comunidad inmigrante», aseguró a Efe Petral Falcón, directora de Promesa Arizona.

La activista consideró que el éxito que están teniendo las organizaciones comunitarias para promover el voto latino, incrementando el número de votantes, le da «miedo» a los grupos más conservadores del estado.

La aprobación de estas propuestas de ley podrían ser la primera «prueba de fuego» para el gobernador de Arizona, Doug Ducey, quien hasta el momento no se ha manifestado sobre su postura en estos temas.

Desde que asumió el mando en la Gobernación hace dos años, Ducey ha tratado de mantenerse al margen del tema migratorio que por años ha caracterizado al estado de Arizona y se enfocó en incrementar las relaciones comerciales con México, país que visitó meses después de haber ganado el cargo.

A pesar de que hasta el momento no ha tomado un papel protagonista en el debate migratorio como su antecesora Jan Brewer, quien abiertamente desafió a la Administración del presidente Barack Obama, el gobernador republicano ha sido criticado por seguir una lucha legal que pretende negar las licencias de conducir a jóvenes indocumentados amparados por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

«Esperamos que el gobernador Ducey tenga el suficiente valor para vetar estas propuestas, que demuestre el interés que tiene por la comunidad latina,» aseguró Falcón.

De acuerdo al Centro de Investigaciones Pew, entre el 2007 y el 2012 la población indocumentada en el estado descendió en un 40 por ciento.

Esto debido en gran parte a la aprobación de leyes en contra de la inmigración indocumentada como fue la SB1070.