El gobierno de Puerto Rico debe 80 millones de dólares a empresas de construcción, según sector

El presidente de la Asociación de Construcción de Hogares de Puerto Rico, Roberto Trápaga, dijo hoy a Efe que el problema de la enorme deuda que acumula el Gobierno de la isla también afecta a las empresas del sector.

En ese sentido explicó que el hecho de que las compañía y organismos públicos no abonen a las empresas todos los productos y servicios encargados para obras públicas ha hecho que éstas tengan que reducir su actividad y en algunos casos hasta cerrar.

Trápaga cifró en 80 millones de dólares la cifra que el Gobierno adeuda a las constructoras, unos impagos que «han afectado muchísimo al sector, en especial a profesionales como arquitectos e ingenieros».

«En muchos casos estos profesionales han tenido que hacer las maletas y empezar de nuevo en el extranjero», subrayó.

En otros casos, explicó que hay profesionales del sector que se han visto obligados a abandonar la profesión directamente ante la falta de perspectivas de futuro y buscar empleo en otros ámbitos económicos o, incluso, vivir de las subvenciones para desempleados, que en ocasiones son más elevadas que los salarios de empleos de escasa remuneración.

Trápaga indicó sin embargo que el sector ha mantenido contactos en las últimas fechas con miembros del Ejecutivo puertorriqueño y que ha detectado una buena disposición por su parte para «tener en cuenta a los constructores de cara al futuro».

El sector estuvo representado en concreto por el Concilio de Industrias de la Construcción en sus recientes contactos con el Gobierno.

El directivo explicó que el sector estudia ahora el llamado Plan de Ajuste Fiscal del Gobierno que fue presentado el pasado miércoles con la idea de establecer las bases de la recuperación económica y el cuadre de la crisis fiscal y financiera que asfixia a la isla.

Incluye medidas de ajuste y recortes del gasto público a un plazo de cinco años, pero también iniciativas para tratar de revitalizar la economía, en gran parte gracias al impulso en la concesión de infraestructuras y otras obras públicas, en colaboración con el sector privado.

El impulso de este tipo de obras es beneficioso para la economía porque es intensivo en la creación de empleos, genera mucho negocio en empresas locales de suministro de materiales y servicios y a largo plazo permite modernizar las infraestructuras de la isla.

Trápaga recordó que cerca de 20.000 personas viven de empleos directamente relacionados con la construcción, lo que lo convierten en uno de los más importantes de la economía puertorriqueña.

Matizó que si se suman los indirectos la cifra se elevaría mucho, ya que hay infinidad de negocios relacionados con la construcción de los que viven miles de personas y que ahora sufren un estancamiento generalizado.

«El efecto multiplicador del sector en el empleo es importantísimo», dijo Trápaga.

Una de las razones apuntadas para el estancamiento, dijo, es la falta de confianza de potenciales compradores de viviendas, que ante la incertidumbre actual prefieren demorar su decisión a la llegada de mejores tiempos.

Trápaga destacó que el desenlace final es muy negativo, ya que en el último año se construyeron poco más de 1.000 viviendas en Puerto Rico, una cifra que se sitúa muy por debajo de la demanda.

«En Puerto Rico hay cientos de miles de viviendas que no cumplen con la normativa», señaló para ilustrar que es necesario que se reactive el sector y se vuelva a un ritmo que permita cubrir las necesidades de la población.

Trápaga subrayó que la demanda de viviendas afecta a miles de personas, en especial de bajos recursos que no pueden acceder al mercado pero que la situación frena cualquier iniciativa gubernamental.

La Asociación de Construcción de Hogares de Puerto Rico Viviendas propone como solución al problema la construcción de casas con un precio que ronde los 60.000 dólares.

La difícil situación económica por la que atraviesa la isla desde hace cerca de 8 años ha dificultado que se cumpla con el objetivo de colocar en el mercado 20.000 nuevas viviendas al año, cifra con la que según Trápaga se acabaría con el problema.