La junta federal de control le costará a Puerto Rico 370 millones de dólares

Así se desprende del análisis realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de EE.UU. del proyecto de ley bautizado como Promesa y que ha sido consensuado entre ambos partidos para ayudar a Puerto Rico a superar la recesión que arrastra desde hace una década y la acuciante falta de liquidez que le ha llevado a dejar de pagar la deuda.

En ese análisis se apunta que los costes administrativos derivados de la puesta en marcha de la citada junta de control fiscal serán 370 millones de dólares durante los próximos seis años, que «serán transferidos por el Gobierno de Puerto Rico».

Según sus cálculos, en el ejercicio fiscal 2017, que en EE.UU. comienza el 1 de septiembre, el coste será de 200 millones; en el siguiente 150 millones y durante los cuatro años siguientes 5 millones de dólares anuales.

Otros costes derivados de la aplicación del citado proyecto de Ley, que es previsible que se someta a votación en Washington la próxima semana, ascenderán a cerca de un millón de dólares durante el próximo año.

Además, se anticipan otros costes derivados de posibles demandas por parte de bonistas de Puerto Rico que el organismo federal es incapaz de cuantificar, así como otros gastos que surgirán «sobre la marcha».

En su informe, la Oficina del Presupuesto apunta que la junta de control fiscal será una entidad federal a todos los efectos, por lo que los 370 millones de dólares serán transferidos por el Gobierno de Puerto Rico al central, para que éste los anote en el presupuesto federal.

Recuerda igualmente que la junta estará integrada por siete miembros, todos designados por el presidente de EE.UU. Seis de ellos deberán ser elegidos entre las recomendaciones que presenten los líderes de ambas Cámaras, mientras que el Gobierno de Puerto Rico estará representado pero no tendrá derecho a voto.

El presidente del gobernante Partido Popular Democrático (PPD) de y candidato a la gobernación de Puerto Rico, David Bernier, aseguró hoy que el coste finalmente se podría disparar e incluso superar los mil millones de dólares.

«Para añadirle al insulto de que un cuerpo no electo nos arrebate la democracia, el mal llamado proyecto Promesa le exigiría a Puerto Rico sufragar los costos de la junta de control fiscal federal», lamentó Bernier, hasta hace poco secretario del Estado.

Esos fondos podrían utilizarse para financiar las pensiones, según Bernier, que llamó la atención a través de un comunicado sobre lo «irónico» que resulta que la cifra que ofrece la Oficina del Presupuesto sea «la misma cantidad aproximada de los bonos del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) que se dejaron de pagar el 1 de mayo».

El también Presidente del PPD dijo que «otra contradicción del proyecto es que se le imponga esta junta al pueblo porque no tiene dinero para pagar todas sus deudas, pero entonces se le obligue a pagar dinero que no tiene para cubrir los gastos administrativos de la misma».