Washington, 16 jun (EFEUSA).- Los republicanos de la Cámara de Representantes presentaron hoy el cuarto de los puntos de su nueva agenda política, con el que pretenden reivindicar el poder del Legislativo, que a su juicio ha perdido potestad en favor de los poderes presidenciales.
De la mano del presidente de la Cámara Baja, el republicano Paul Ryan, la propuesta contempla la revisión de ciertos programas federales; el avance de proyectos de ley de presupuesto de manera individual; y la reforma del proceso de acuerdo presupuestario.
«Nuestro problema no es tanto que la Presidencia, bajo los dos partidos, siga rompiendo las reglas. Que también», dijo en referencia al uso del poder ejecutivo que ha hecho Barack Obama durante su mandato.
«Nuestro problema es que el Congreso, bajo las dos partidos, está perdiendo terreno de juego frente al Ejecutivo. Da al presidente un cheque en blanco. Ni siquiera se toma la molestia de leer la letra pequeña», agregó.
Así, los republicanos piden que el Congreso reafirme su autoridad sobre la elaboración de leyes y decida cómo se gastan los fondos federales como parte de su propuesta política en este año electoral.
De acuerdo con el grupo de trabajo, el poder ejecutivo y en menor medida el poder judicial, han usurpado el poder del Congreso, impactando de manera negativa en el país en su conjunto.
«El ejecutivo y el judicial han aumentado enormemente su poder, a veces con el consentimiento del Congreso, y a veces sin él», señala el informe presentado hoy por los legisladores.
No obstante, Ryan ha insistido en que estas recomendaciones sólo pueden ser promulgadas bajo un presidente republicano, con un Congreso controlado por los republicanos.
El presidente de la Cámara anunció a principios de año que delinearía un plan de trabajo para su bancada con el objetivo no solo de ser la oposición a un Gobierno Demócrata, sino también para dejar patente que pueden generar alternativas.
En semanas pasadas los republicanos ya presentaron su plan contra la pobreza, otro sobre seguridad nacional y un tercero para reducir las regulaciones económicas en el país.
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