San Juan, 1 feb (EFEUSA).- Washington volverá a debatir mañana sobre los graves problemas económicos y fiscales de Puerto Rico y tratará de avanzar en un acuerdo para imponer el sometimiento de la isla a una junta de control fiscal que supervise su gestión de los fondos públicos.
El Subcomité de Asuntos Insulares, Indígenas y de los Nativos de Alaska de la Cámara federal de Representantes tiene previsto abordar este asunto sobre el que el Gobierno de Puerto Rico lleva meses presionando, con el interés de que se le permita a cambio acogerse a la Ley de Quiebras.
Ello permitiría a las empresas públicas declararse en quiebra y así que reestructurar su deuda sin el caos, coste, descrédito y desgaste que supondría hacer frente a la previsible avalancha de demandas que se le vendrán encima si sigue incurriendo en impagos de deuda.
El pasado junio, el gobernador Alejandro García Padilla reconoció que la deuda era «impagable» en los términos actuales, en agosto la isla incurrió en su primer impago y desde que comenzó 2016 ha empezado a desviar fondos originalmente reservados para pagar deudas de corporaciones públicas y pagar la deuda de la Administración central.
La vista de mañana versa sobre «la necesidad de establecer una autoridad para el crecimiento económico y la estabilidad financiera de Puerto Rico» y entre los llamados a presentar su testimonio se encuentra el exalcalde de Washington DC Anthony Williams, que gestionó la capital estadounidense cuando ésta estuvo sometida al control de una junta similar.
También está prevista la declaración de Carlos García, expresidente del Banco Gubernamental de Fomento (el brazo financiero del Gobierno de la isla), así como analistas y estudiosos especializados en la materia.
La idea es que todos ellos debatan sobre posibles soluciones a largo y medio plazo para Puerto Rico, que encadena diez años de recesión y está sumida en una falta de liquidez tal que teme no poder seguir prestando con regularidad los servicios públicos fundamentales y mantener el pago de las nóminas de los empleados públicos.
Esta vista tendrá lugar un día después de que el Gobierno de Puerto Rico hiciera hoy pública su primera propuesta en firme para reestructurar y reducir en un 30 % su deuda de 72.000 millones de dólares.
De aceptarse en los términos propuestos, supondría un tremendo balón de oxígeno para las asfixiadas arcas públicas de la isla caribeña, que se han quedado sin fondos para mantener operativo el Gobierno y seguir ofreciendo los servicios públicos más básicos.
En la actualidad la deuda absorbe el 36 % de los ingresos públicos y en la próxima década supondría unos 33.000 millones de dólares en deuda e intereses.
Si no se alcanza un acuerdo con los bonistas para el 1 de mayo, el Gobierno advierte de que tendrá que incurrir en un nuevo impago, ya que para esa fecha le vencerán títulos por un importe conjunto de 400 millones que dice no tener.
«La propuesta busca reducir la deuda de obligado cumplimiento y los pagos de próximo vencimiento, para dar así el tiempo a la isla para aplicar el Plan Fiscal y de Crecimiento Económico (FEGP) y estimular el crecimiento económico real», explicó hoy el secretario del Estado, Víctor Suárez, en un comunicado.
En ese mismo comunicado, aseguró que está diseñando la creación de una junta de control fiscal -tal y como reclama Washington- «para proporcionar la supervisión necesaria y garantizar que el Estado cumple con la FEGP y los términos de la oferta de canje».
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