San Juan, 10 jun (EFEUSA).- El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, reclamó hoy en Washington que no se aplique el anunciado recorte de fondos federales que recibe la isla para financiar los servicios públicos sanitarios.
Según detalló hoy La Fortaleza en un comunicado, García Padilla defendió la actual asignación de fondos federales al programa Medicare Advantage en la isla durante una reunión que mantuvo con el senador demócrata Dick Durbin, portavoz alterno de la Minoría en el Senado.
Durante esa reunión el mandatario de este Estado Libre Asociado a EE.UU. «fue enfático en lo injusta que fue la determinación del Gobierno federal» de recortar en un 11 % esos fondos, mientras que al resto de los estados se les elevan las cuantías, con un ascenso medio del 3 %.
Este recorte podría suponer un sobrecoste de entre 400 y 800 millones de dólares para el Gobierno local que éste no puede asumir.
«Esto es una injusticia. Es una determinación injusta con nuestros ciudadanos de edad avanzada (…) y hay que combatirla», adelantó el propio gobernador el martes en una conferencia de prensa en Puerto Rico antes de iniciar su viaje a Washington, que se prolongará hasta el sábado.
«Tengo la mejor relación con el presidente Obama y la voy a continuar, pero lo que es injusto es injusto. No vamos a claudicar», añadió sobre un programa federal -del que se benefician 560.000 personas en Puerto Rico, un 16 % de la población- que da cobertura sanitaria a ancianos, discapacitados y enfermos graves a través de planes privados de salud.
En conjunto, en Puerto Rico el 60 % de la población tiene cobertura sanitaria a través de programas públicos federales, pese a que los médicos reciben reembolsos muy inferiores a los que obtienen sus colegas en el EE.UU. continental, lo que a su vez está llevando a una enorme emigración de doctores (unos 400 al año).
El recorte causará una migración de los pacientes a Mi Salud, el programa local de cobertura sanitaria, lo que puede suponer un sobrecoste de entre 400 y 800 millones de dólares.
Es una carga difícilmente asumible para un sistema que ya tiene serios problemas de liquidez, y en una isla que está sumida en una recesión desde hace una década y que en cualquier momento podría tener que decretar un cierre gubernamental o un impago de la deuda.
En este sentido, el primer ejecutivo de Puerto Rico también habló con el senador Durbin sobre el HR 870, una medida legislativa presentada ante el Congreso de EE.UU. que busca incluir al gobierno de Puerto Rico en el Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal.
Este mismo tema también fue discutido por el gobernador durante una sesión de trabajo que tuvo con el representante republicano Bob Goodlatte, presidente de la Comisión de lo Jurídico en la Cámara de Representantes federal.
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