La amenaza del impago se acrecienta para los acreedores de Puerto Rico

La máxima responsable de las finanzas de la isla, Melba Acosta, insistió hoy en que por el momento no se ha incurrido en ningún impago, aunque reconoció que de momento el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) no ha transferido a la Corporación de Finanzas Públicas los 93,7 millones de dólares que debía apartar el 15 de julio para garantizar un vencimiento que llegará el 1 de agosto.

«Estos es una prueba más de los problemas de liquidez que afronta el Gobierno», reconoció en cualquier caso Acosta en declaraciones a la prensa.

Esto ha sido interpretado desde algunos ámbitos como un paso previo a un inminente impago y, de hecho, refuerza el reciente mensaje del gobernador, Alejandro García Padilla, de que Puerto Rico no tiene efectivo para atender los vencimientos de su deuda, si a la vez quiere garantizar sus propios compromisos internos con la ciudadanía.

El Gobierno puertorriqueño, que acumula una deuda de 72.000 millones de dólares, se está quedando rápidamente sin efectivo, lo que ha llevado a García Padilla a convocar a sus acreedores para tratar de negociar moratorias en los pagos.

Según las cifras que se manejan en los mercados, Puerto Rico tiene que desembolsar unos 1.920 millones de dólares en devolución de deudas sólo en julio y pronto tendrá que afrontar también el pago de 140 millones de dólares el 1 de agosto por parte del BGF y de 276 millones de dólares el 30 de septiembre.

Según los datos públicos más recientes, la liquidez del BGF de Puerto Rico se redujo un 24 % en mayo y quedó al final de ese mes en tan sólo 777,87 millones de dólares.

Coincidiendo con este retraso en la transferencia de fondos y mientras el Gobierno intensifica su presión para lograr que los republicanos de Washington apoyen su petición de ser incluido en el Capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras, el BGF ha tenido que sustituir a tres directores (consejeros) de su junta, que el miércoles anunciaron sus dimisiones.

Esas dimisiones de los representantes del sector privado se suman a la del propio presidente de la Junta de Directores, David Chafey, el mes pasado alegando razones familiares.

Sus mandatos expiraban en septiembre, pero, según el gobernador, «prefirieron darle espacio a los nuevos integrantes de la junta para que pudieran comenzar lo antes posible y así los trabajos no se vieran interrumpidos en plena negociación de la reestructuración de la deuda».

García Padilla reconoció además que su salida fue para evitar algún conflicto, ya que se les podrían exigir responsabilidades judiciales si el asunto de la deuda llegara a los tribunales.

«Algunos de ellos me habían notificado de esto hace meses porque entienden que podrían incurrir en conflictos siendo algunos de ellos tenedores de bonos y no quieren tomar decisiones después que puedan ser vinculadas con conflictos», explicó.

Rafael Bernabe, portavoz del minoritario Partido del Pueblo Trabajador (PPT) criticó hoy que el Gobierno «se acerca a la renegociación sin plan ni perspectiva», ya que, aunque «hace dos semanas declaró que la deuda es impagable y que debe renegociarse», hasta el momento no ha actuado en consecuencia.

A su juicio, es «problemático» que el Gobierno «aspire a una moratoria acordada con los bonistas o a un ‘ajuste consensuado’, según Acosta, mientras sigue confiando en la pronta acción de la Casa Blanca y el Congreso».

«Por un lado, algunos acreedores, como Franklin Trust y Blue Mountain, han bloqueado la ley de quiebra criolla (una ley local) y la inclusión de Puerto Rico en la ley de quiebra federal; a la vez que otros, como Oppenheimer Funds, afirman que la deuda es pagable, que es otra forma de decir que no les interesa negociar», apuntó.

En opinión de esta agrupación, la estrategia debe pasar por «declarar una suspensión del pago de la deuda y organizar una auditoría de la misma por un comité que incluya expertos internacionales».

«Esto sería la indicación clara y contundente a la Casa Blanca, el Congreso y los bonistas de que el Gobierno de Puerto Rico considera que la situación» de la isla «es de extrema gravedad y exige acción drástica e inmediata», afirmó.

Puerto Rico, un Estado Libre Asociado a EE.UU., no puede acogerse a la Ley federal de Quiebras, ya que dicha norma no considera a la isla como un estado más de la nación norteamericana.

Mientras, la Justicia federal insiste en ver inconstitucional una norma que el Gobierno local aprobó hace un año, conocida como «ley de quiebra criolla», para establecer su propio mecanismo de quiebras.