San Juan, 26 may (EFEUSA).- La polémica subida generalizada de impuestos propuesta por el Gobierno de Puerto Rico para tratar de sanear sus cuentas superó hoy todas las trabas legislativas, al ser aprobadas las últimas enmiendas por la Cámara de Representantes de la isla con el mínimo de votos requeridos.
Con 26 votos a favor y 22 en contra, la Cámara de Representantes concurrió este martes con las enmiendas que incluyó el Senado al Proyecto de la Cámara 2482 para elevar, a partir del 1 de julio, el Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) del 7 % al 11,5 %.
La enmienda más destacada era la de eximir del pago de ese impuesto a los alimentos procesados, algo que la semana pasada esa misma cámara introdujo en el proyecto de ley y que el Senado enmendó el lunes.
Superada ya la fase legislativa, el proyecto pasará ahora al gobernador, Alejandro García Padilla, para que proceda a la firma de una iniciativa que dista mucho de su pretendida reforma contributiva con la que buscaba dar un giro al sistema fiscal de la isla y que, entre otras iniciativas, establecía la creación de un Impuesto del Valor Añadido (IVA) del 16 %.
El proyecto aprobado establece una transición del IVU a un IVA del 14 % a lo largo de nueve meses a partir del próximo 1 de julio, fecha del inicio del nuevo ejercicio fiscal.
Los sectores de la educación, la medicina, las materias primas, rentas comerciales y residenciales y alimentos sin procesar quedan excluidos del IVA, a lo que tras lo acordado el lunes en el Senado y ratificado hoy por la Cámara de Representantes se suman los productos congelados, enlatados y procesados.
Se calcula que con esta subida de impuestos se podrían recaudar 1.200 millones de dólares más para el próximo año fiscal.
La subida de impuestos que incluye el proyecto y el restrictivo presupuesto presentado por el Gobierno para el próximo ejercicio fiscal (que aún tiene que ser aprobado por el Legislativo) son las apuestas del Ejecutivo que encabeza Alejandro García Padilla para recuperar la confianza de los mercados de deuda.
El Gobierno quiere volver a recurrir a ellos para obtener fondos con los que financiarse de forma inmediata y evitar así un cierre gubernamental en los próximos meses o un aplazamiento en el pago de una deuda de 73.000 millones de dólares que asfixia las cuentas públicas.
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