San Juan, 21 may (EFEUSA).- Pese a incluir un recorte del gasto de 674 millones de dólares, Puerto Rico planea para el que puede ser su décimo año de recesión un presupuesto más elevado que el actual, ya que tendrá que destinar más del 15 % de sus fondos al pago de la deuda, cuyas obligaciones son cada vez más elevadas.
Así lo afirmaron hoy el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, y el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis Cruz, en una conferencia de prensa para explicar el presupuesto propuesto por el Gobierno para el ejercicio fiscal que comenzará el 1 de julio.
El presupuesto es de 9.800 millones de dólares, frente a los 9.565 millones del año anterior, pese a que incluye recortes de gastos operativos por 674 millones.
El problema es que se han tenido que reservar 1.537 millones de dólares para atender las obligaciones derivadas de la deuda de más de 73.000 millones que asfixia las cuentas públicas.
Esa cantidad es un 26 % superior a la de este año y la más elevada que se destina al pago de la deuda desde hace más de una década. De hecho, ronda el 15,6 % de todos los gastos previstos para el próximo ejercicio fiscal, frente al 12 % que supone ahora.
Estos datos aumentaron hoy los temores de la agencia de calificación Moody’s de que Puerto Rico tenga que cancelar el pago de parte de la su deuda, lo que le llevó a enterrar aún más su calificación para la isla en el grado especulativo («chatarra»).
La agencia estadounidense decidió dejar los bonos del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), el brazo financiero del Gobierno, en el nivel Ca, reservado para la deuda «extremadamente especulativa» y a solo un escalón del C, el impago.
Además, bajó las Obligaciones Generales de Puerto Rico a Caa2, el escalón número 8 de los 11 en que esta agencia de calificación divide el grado especulativo.
«Creemos que Puerto Rico no va a ser capaz de completar su financiación pendiente -que incluía reponer fondos en efectivo en el BGF- antes del final del año fiscal», señaló Moody’s, convencida de que tarde o temprano el Gobierno se verá obligado a adoptar medidas drásticas, que pueden incluir aplazar el pago de la deuda.
El propio secretario de la Gobernación reconoció hoy que Puerto Rico tiene las puertas de los mercados financieros cerrados, por lo que no puede seguir pidiendo prestado.
Por el momento, prevé el cierre de una veintena de agencias públicas y un centenar de escuelas, amortizar puestos de trabajo, cancelar contratos, recortar gastos de funcionamiento, cortar las aportaciones a los fondos de pensiones y, en general, recortar el presupuesto de ciertas agencias y las transferencias a entidades del tercer sector.
A todos los problemas se suma que previsiblemente en este ejercicio fiscal, que acaba al final del junio, se recaudarán 130 millones de dólares menos de lo previsto.
El Gobierno tiene la esperanza de que los legisladores aprueben estos días una subida de impuestos que permita elevar los ingresos en 1.200 millones de dólares.
Con ello podría tratar de acudir de nuevo a los mercados para pedir 2.950 millones de dólares en instrumentos de deuda respaldados por ingresos impositivos, algo que lleva meses tratando de hacer sin éxito ya que los mercados exigían ver antes un presupuesto creíble.
La idea es evitar un cierre gubernamental, que es la opción que baraja el Gobierno para los próximos meses si no logra una inyección inmediata de capital, ya que se niega a declarar un impago de deuda o a despedir empleados públicos de forma masiva.
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