Bonistas puertorriqueños acusan al Gobierno de no querer negociar la deuda

La organización Bonistas del Patio, que asegura que sus miembros tienen el 22 % de la deuda total emitida por la Administración puertorriqueña (aunque según otros cálculos ese porcentaje ni siquiera llega al 5 %), presentó el lunes públicamente una propuesta para reestructurar la deuda.

Sin embargo, anoche el Gobierno, a través de la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta, rechazó la propuesta, con argumentos similares a los que esgrimió para oponerse a la propuesta presentada por las cooperativas financieras de la isla.

Así, Acosta dijo que contiene errores de cálculo y está basada en supuestos sin base, al tiempo que perjudicaría a la población y favorecería a los acreedores, que en su amplia mayoría no residen en la isla.

«La propuesta de Bonitas permite que todos los acreedores, la mayoría de los cuales no viven en Puerto Rico, reciban pagos más altos a expensas del pueblo de Puerto Rico, que sufriría grandes recortes en servicios, mayores a los ya propuestos por el Gobierno», explicó Acosta en un comunicado.

Para Bonistas del Patio, esto demuestra que «el patrón del Gobierno y de sus asesores ha sido consistente: Rechazan todas las propuestas que distintos grupos han sometido para atender el problema fiscal de Puerto Rico».

Esta organización acusa al Gobierno también de «no tomar en consideración cómo el impago de sus obligaciones va a afectar a los puertorriqueños y eventualmente a la economía en Puerto Rico».

Su propuesta planteaba la suspensión por cinco años del pago del principal de todos los emisores gubernamentales, lo cual reduciría en 5.800 millones de dólares los pagos que debe hacer el Gobierno ese periodo, y que se siguieran pagando los intereses al completo a los bonistas locales, lo que supone 800 millones anuales.

Hasta el momento, el Gobierno de Puerto Rico ha incurrido en tres impagos de deuda: En agosto de 2015 no pagó 57 millones de dólares correspondiente a los bonos de la Corporación de Financiamiento Público, en enero pasado fueron 37 millones de la Autoridad del Financiamiento de la Infraestructura (AFI), y en mayo 400 millones del BGF.

El próximo 1 de julio vencen bonos emitidos por diversas entidades públicas por valor de cerca de 2.000 millones de dólares, de los que unos 700 son obligaciones generales.

Ese tipo de bonos están garantizados por la Constitución de Puerto Rico, que establece que su pago será prioritario por encima de cualquier otro gasto público al que tenga que hacer frente la isla, incluida la financiación de servicios públicos básicos.

El Gobierno local confía en que para entonces el Senado federal haya aprobado el proyecto de ley bipartidista conocido como «Promesa», que permite a la isla reestructurar la totalidad de su deuda sin que se puedan presentar demandas contra ella, a cambio de que el Ejecutivo boricua se someta al control de una junta elegida por Washington.

El proyecto de ley podría votarse a partir hoy mismo en el Senado, aunque esa votación podría retrasarse si se le añaden enmiendas, como quiere el senador demócrata Robert Menéndez.