San Juan, 24 jun (EFEUSA).- La Cámara de Representantes de Puerto Rico ha aprobado la creación de una Carta de Derechos de Empleados y Empleadas Domésticas, que concede derechos laborales a estos trabajadores y aclara qué leyes regulan su actividad.
El proyecto es una iniciativa de las representantes Yashira Lebrón, Lourdes Ramos y María Milagros Charbonier, que buscaban «hace justicia a trabajadoras domésticas, en su mayoría de nacionalidad dominicana, que trabajan cerca de seis días a la semana pero no perciben beneficios marginales que son obligatorios para otros empleados».
El Proyecto de la Cámara 2383 cuenta con el respaldo del Departamento del Trabajo y el de Justicia, así como de la Procuraduría de las Mujeres y del Defensor del Pueblo, a través de la Procuraduría de Pequeños Negocios.
«Luego de un ponderado análisis no encontramos justificación razonable para mantener a estas personas empleadas en este sector de la economía sin las protecciones mínimas de las que gozan todos los demás empleados», explica el Informe de la Comisión de Asuntos Laborales y Sistemas de Retiro presentado junto a esta iniciativa.
Mediante la Carta de Derechos, los trabajadores de este sector podrán exigir un contrato firmado entre las partes, al tiempo que se les garantiza un salario mínimo, el pago de horas extras y el disfrute de días libres garantizados.
Además, establece que no tienen por qué asumir jornadas laborales excesivas, deben gozar de periodos de descanso y se les deben pagar días de vacaciones y por enfermedad.
«En su mayoría estos trabajadores son mujeres, jefas de familia y el único sustento en el hogar. Esta legislación de justicia social también permitirá que eventualmente puedan percibir los beneficios de seguridad social cuando no estén aptas para trabajar», explican las proponentes en el proyecto.
Añade que «estas trabajadoras, al realizar trabajos en residencias privadas, carecen de una fiscalización adecuada que evite la violación de sus derechos laborales, que en ocasiones rayan en transgresión de derechos humanos».
La iniciativa busca también «proteger el interés público, al restringir la economía subterránea y reducir la evasión de contribuciones, lo que permitirá al gobierno allegar más recursos al fisco».
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