Tucson (AZ), 21 jul (EFEUSA).- Las autoridades federales prefieren enviar a los detenidos a cárceles privadas para cumplir con acuerdos previos, donde se comprometen a generar a esas instituciones una cantidad de detenidos para cubrir costos monetarios y generar ganancias.
La cárcel del condado de Santa Cruz se encuentra muy afectada por estas prácticas que la están dejando sin presos y sin presupuesto.
«El alguacil federal tiene un contrato con las cárceles privadas y con esas cárceles el entendimiento es que tienen que tener ciertos internos y si no llegan a ese número de todos modos tienen que pagar», explicó hoy a Efe Tony Estrada, alguacil del condado Santa Cruz.
Con los cambios en las leyes migratorias y el bajo número de arrestos en la frontera se ha reducido el número de detenciones por lo que cada día la cárcel del condado Santa Cruz recibe menos inmigrantes indocumentados.
«Tenemos un contrato con el alguacil federal que se encarga de buscar camas para los prisioneros, a través del cual (se compromete) a enviarnos internos federales que habían violado las leyes de inmigración y no tenían ningún delito criminal sino sólo el delito civil de reentrar al país ilegalmente», detalló Estrada quien aseguró que el envío de esos internos los ayudaba mucho con el presupuesto.
En los últimos meses la cárcel del condado ha dejado de recibir presos porque están siendo enviados a prisiones construidas por compañías privadas que tienen contratos establecidos con el gobierno federal.
«Estas prisiones privadas se construyen con el entendimiento de que van a tener ciertos prisioneros para que se pague la prisión y como han estado en baja las cifras de los que están deteniendo, porque ahora en vez de detener a la gente les dan la oportunidad de presentarse, entonces no están yendo a corte y no los están sentenciando», aseveró.
Antes de que iniciara este descenso en las detenciones, la prisión del condado Santa Cruz alcanzó albergar 172 internos federales en un día.
«Hoy sólo tenemos 16, llegamos a tener un promedio de 150 diarios y luego se fue reduciendo, tenemos épocas que no tenemos a nadie», añadió.
Esto afectó la economía del condado porque la prisión fue construida hace unos cinco años con un impuesto al consumidor creado para los residentes de Santa Cruz. No obstante, con la recesión y los problemas en la economía, se dejó de recibir los ingresos necesarios y a esto se sumó la ausencia de presos.
Hace una semana la cárcel recibió 24 prisioneros enviados por el estado tras la emergencia en la cárcel privada Kingman, operada por Management & Training Corp., cuando una revuelta causó destrozos valorados en miles de dólares.
Más de 1.000 presos fueron reubicados en otras cárceles del estado y de los condados.
«Sé que la cárcel del condado Pinal recibió 300, el problema que tenemos nosotros es que esos presos tienen sentencias largas y por eso las celdas deben estar acondicionadas diferente y nuestras celdas son para periodos cortos», explicó Estrada.
Activistas en Arizona han protestado ante el gobierno estatal para exigir que se detenga la inversión en cárceles privadas y algunos afirman que para estas prisiones los inmigrantes indocumentados son un negocio y por eso se ven en la obligación de detenerlos.
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