Gutiérrez: «No descansaremos hasta que todos los trabajares estén protegidos»

Gutiérrez y Grijalva insistieron desde Nueva Orleans, donde hoy se celebró una audiencia sobre el caso de las medidas ejecutivas sobre migración del presidente Barack Obama, en que su bancada seguirá trabajando y presionando desde los pasillos del Capitolio para sacar «de las sombras» a los trabajadores sin papeles.

«Nosotros vamos a apelar el caso hasta que cada individuo que trabaja esté protegido por la ley», aseguró Gutiérrez ante una multitud de activistas y manifestantes a las puertas del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, en Nueva Orleans, en el que se está ventilando el caso.

Gutiérrez ironizó sobre las intenciones de los estados demandantes contra las acciones ejecutivas, encabezados por Texas, quienes a su juicio pretenden que los inmigrantes se queden en el país, trabajen y paguen impuestos, pero no tengan ningún derecho.

Junto a ambos congresistas, cientos de representantes de asociaciones y movimientos pro inmigrantes defendieron también las órdenes ejecutivas del presidente, que en última instancia podrían acabar en el Tribunal Supremo.

La portavoz de la plataforma FIRM, Kica Matos, aseguró que los activistas allí congregados viajaron desde 21 estados distintos para hacer oír sus voces, tanto dentro como fuera del tribunal.

«Estamos aquí para defender las acciones ejecutivas del presidente Obama de los políticos anti-inmigrantes que han estado librando una guerra llena de odio contra nuestras familias», dijo Matos.

«Estamos aquí para luchar por nuestras familias. Estamos aquí para decirle a los extremistas antinmigrantes que vamos a luchar contra ellos en cada paso del camino hasta que tengamos nuestra victoria final en la corte», agregó.

Obama trató de ampliar la conocida como Acción Diferida o DACA, mediante la que cientos de miles de jóvenes evitarían la deportación, así como implementar la Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), por la que los padres de los jóvenes con ciudadanía o permiso de residencia también se verían beneficiados.

Sin embargo, el pasado 16 de febrero el juez federal de Texas Andrew Hanen bloqueó las acciones ejecutivas tras aceptar la demanda de una coalición de 26 estados en contra de las medidas.

Un análisis del Instituto de Política Migratoria (MPI) cifra en 5,2 millones el número total de beneficiados: 3,7 millones elegibles para la DAPA y 1,2 millones para la DACA, de los que 300.000 serían nuevos candidatos tras la ampliación del programa.

Álvaro Huertas, abogado del Centro Nacional de Leyes Migratorias (NICL) explicó a Efe que la decisión de la corte sobre la suspensión de las medidas podría durar semanas o meses, algo que se alargaría en caso de que tras las apelaciones se recurriera al Supremo.

«La esperanza está en que decidan que los programas se implementen inmediatamente», consideró Huertas, cuya organización está convencida de que el marco legal permite al presidente Obama ejecutar dichas medidas.

Si los magistrados mantienen la suspensión, como auguran muchos analistas basándose en la composición del tribunal y los precedentes, el caso saltará al Tribunal Supremo, que no escuchará argumentos hasta la próxima primavera y no fallará hasta el verano, en plena campaña para las elecciones presidenciales.

Pese a que el Alto Tribunal tiene mayoría conservadora, recientemente tomó decisiones favorables al Gobierno en asuntos clave como el matrimonio entre homosexuales o el programa de subsidios para pagar seguros médicos conocido como «Obamacare».