Charlotte (NC), 7 ago (EFEUSA).- Un juez federal desestimó hoy por "insuficiencia de pruebas" una demanda por discriminación hacia latinos que presentó en 2012 el Departamento de Justicia (DOJ) federal contra la oficina del alguacil de un condado de Carolina del Norte.
El juez Thomas Schroeder determinó que el DOJ no pudo demostrar que el alguacil Terry Johnson y sus agentes de la Oficina del Alguacil del Condado Alamance (ACSO), incurrieron en prácticas de «perfil racial» contra los hispanos de esta jurisdicción durante sus operativos.
«Sin ninguna evidencia de que alguna persona fue inconstitucionalmente privada de sus derechos bajo la Cuarta y Decimocuarta enmiendas de la Constitución, el caso del Gobierno se basaba en gran medida en declaraciones vagas y hechos aislados atribuidos al alguacil Johnson y en análisis estadísticos», escribió el juez Schroeder en su decisión.
El magistrado precisó, no obstante, que el fallo judicial no puede ser interpretado como una aprobación a la totalidad de la conducta de los oficiales de esta dependencia policial.
«El uso de insultos étnicos por algunos oficiales en la cárcel del condado de Alamance ha mostrado una actividad ofensiva y reprobable que no debe ser tolerada en ninguna sociedad civil, y mucho menos hechas por agentes que aplican las leyes», apuntó el juez.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Carolina del Norte, que junto a otros grupos locales investigaban desde el año 2010 las quejas de los hispanos en Alamance por el tratamiento que recibían de los agentes de Johnson, reaccionaron de manera desfavorable a la decisión del juez.
«La decisión de hoy va en contra de una montaña de evidencia que el alguacil Johnson y sus agentes realizaban prácticas discriminatorias», afirmó hoy en un comunicado Carolyna Caicedo Manrique, abogada de ACLU.
«Durante el juicio, el DOJ presentó el testimonio de expertos que los latinos en el condado de Alamance tenía siete veces más probabilidades de ser detenidos y multados que los otros miembros de la comunidad. Este perfil no fue un accidente», acotó Caicedo.
Según los testigos que ofrecieron su testimonio durante el juicio, el alguacil Johnson en varias ocasiones y de forma explícita instruyó a sus agentes a «buscar a los latino o a los mexicanos» para arrestarlos por infracciones menores de tránsito y así iniciar un proceso de deportación.
En diciembre de 2012, el DOJ entabló una demanda contra Johnson por una presunta violación de los derechos constitucionales de los residentes hispanos en este condado.
Durante su investigación, los agentes federales determinaron que en ese condado los conductores latinos eran detenidos por infracciones menores de tránsito diez veces más que los miembros de otras comunidades.
Al ser arrestados, los inmigrantes eran sometidos a las directrices del 287g en la cárcel de Alamance y puestos en proceso de deportación, lo que generó la desconfianza de la comunidad inmigrante hacia los agentes.
El controvertido programa de deportación 287g, que permite a los agentes locales identificar el estatus migratorio de los detenidos, fue eliminado de la cárcel de Alamance por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) poco después de la demanda del DOJ.
Blanca Zendejas, de Fairness Alamance, uno de los grupos locales que denunció las acciones del alguacil, comentó hoy a Efe que la decisión del juez era algo que «no se lo esperaban».
«Siempre creímos que la balanza de la justicia se iba a inclinar a favor del menos poderoso y desvalido», señaló la inmigrante mexicana.
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *