Justicia de Puerto Rico sorprendida ante la invalidación de Ley de Quiebra Criolla

El secretario del Departamento local de Justicia, César Miranda, junto a Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, se manifestaron hoy en desacuerdo con la determinación del Tribunal Supremo de que la Ley federal de quiebras impide que Puerto Rico adopte sus propias leyes para lidiar con la reestructuración de las corporaciones públicas.

«Presentamos este caso ante el Tribunal Supremo de EE.UU. porque estábamos y estamos absolutamente convencidos de que es jurídicamente imposible que se dejara a Puerto Rico en una total indefensión con relación al tema de la reestructuración de su deuda», argumentó Miranda.

Según dijo en un comunicado, «no hay precedente en el sistema de justicia americano en el que se haya dejado desprovisto de un recurso de reestructuración a ningún estado de EE.UU.».

El Supremo federal determinó hoy que la isla no puede recurrir a la ley que el Gobierno local proclamó en 2014 para establecer su propio mecanismo de bancarrota y reestructurar su deuda de 72.000 millones de dólares, de los que una buena parte corresponde a corporaciones públicas que a menudo recurren al Gobierno para mantenerse a flote.

Los magistrados determinaron que la deuda de Puerto Rico depende del Congreso de EE.UU., cuya Cámara baja aprobó la semana pasada un proyecto de ley para facilitar la reestructuración de la deuda con un mecanismo de supervisión y que ahora deberá pasar por el Senado, donde no se espera que tenga grandes obstáculos.

En su sentencia de hoy, los magistrados afirmaron que las leyes federales «prohíben a Puerto Rico promulgar su propio esquema municipal de bancarrota para reestructurar la deuda de las compañías públicas insolventes».

«Es inexplicable el que se acepte como correcta la exclusión en el 1984 de la protección del Código Federal de Quiebras sin que medie en el récord legislativo la más mínima expresión de por qué se hizo», afirmó en respuesta el secretario de Justicia.

Por lo tanto, «esta decisión nos sorprende», máxime cuando «en la argumentación en la vista del Tribunal Supremo federal (sobre el caso, celebrada el pasado 22 de marzo) entendimos que la decisión se inclinaría a nuestro favor», explicó Miranda.

«Defendimos la constitucionalidad de la Ley de Quiebra Criolla porque sin duda es un instrumento de reestructuración indispensable para Puerto Rico, particularmente ante la situación fiscal que padecemos», explicó.

Además, insistió en que «estamos convencidos de que el ELA (Estado Libre Asociado) ejerció válidamente su autoridad de legislar en una materia que le era indispensable para atender en parte la crisis fiscal».

«Lamentablemente, el máximo foro de EE.UU. determinó que pese a que las corporaciones públicas de Puerto Rico y sus municipalidades no se pueden beneficiar de los mecanismos de reestructuración de deudas del Capítulo 9, dicha legislación federal ocupa el campo e impide que Puerto Rico legisle para autorizar a sus corporaciones públicas a utilizar mecanismos legales y judiciales de reestructuración de deuda».

Una vez más, Miranda dijo que «respetamos la decisión de la Corte Suprema federal y reiteramos el compromiso del ELA de seguir agotando todos los medios disponibles para restablecer la salud fiscal de las corporaciones públicas en beneficio de todos y todas las puertorriqueñas».

Esta misma resignación mostró Miranda la semana pasada cuando el Supremo de EE.UU. determinó que los tribunales de la isla no pueden juzgar a una persona que ya haya sido procesada por los mismos delitos a nivel federal.

Aunque en aquella ocasión el titular de Justicia reconoció que la sentencia podría haber ido en cualquier sentido, en este caso dijo que estaba convencido de que se le daría la razón a Puerto Rico.