Oklahoma abre la puerta a nuevas ejecuciones antes de finalizar 2016

«Varias de las personas responsables de llevar a cabo las ejecuciones mostraron descuido, arrogancia y en ocasiones indiferencia hacia unos protocolos establecidos para evitar los errores que precisamente cometieron», afirmó el procurador general de Oklahoma, Scott Pruitt, tras analizar el informe que él mismo encargó a un jurado investigador.

Pruitt se refirió así a los hechos que entre abril de 2014 y octubre de 2015 pusieron a Oklahoma en el foco nacional e internacional y que provocaron la suspensión indefinida de todas las ejecuciones y una oleada de dimisiones.

El primer episodio fue la ejecución de Clayton Lockett en abril de 2014 con una inyección letal que contenía una dosis insuficiente de fármacos y que duró 43 minutos, mucho más de lo habitual.

Después vino la ejecución de Richard Glossip en octubre de 2015, suspendida minutos antes de producirse cuando los verdugos se percataron que el fármaco que iban a usar no era el establecido.

Tras ese fiasco salió a la luz que otro preso, Charles Warner, había sido ejecutado en enero con ese mismo fármaco erróneo.

La investigación halló un sinnúmero de irregularidades durante ese periodo, aunque no imputó delitos a ninguno de los implicados.

Lo que sí hizo el jurado investigador fue recomendar a las autoridades utilizar un método alternativo a las inyecciones letales para ejecutar a reos condenados a muerte, como por ejemplo la asfixia por nitrógeno que es legal en Oklahoma aunque nunca se ha puesto en práctica.

En un acuerdo con los abogados de los presos condenados a muerte, Oklahoma se comprometió a no programar ejecuciones hasta pasados 150 días de la conclusión del informe, es decir para el próximo octubre.

Desde que el Tribunal Supremo reinstauró la pena de muerte hace cuatro décadas, Oklahoma ha ejecutado a 112 presos, una cifra solo superada por Texas.